A confirmación del denunciado incumplimiento, los componentes de la mencionada organización mancomunad, aportan los siguientes datos:

“La Opinión Noviembre de 2000: Cabildo de Tenerife “El Norte y el Sur tendrán sus hospitales antes del 2002”

La Opinión diciembre de 2000: “Gobierno y Cabildo avalan que el centro hospitalario del Sur funcionará en 2004”

El Día Septiembre de 2001: Gobierno y Cabildo de Tenerife “Las obras de los hospitales del Norte y del Sur se inician a finales de 2002 y acabarán en 2005”

EFE junio de 2008: “Rivero aseguró que el Hospital del Sur estará acabado antes de 2011

El último engaño, ultima la denuncia de la organización, se realizó ni más ni menos, en julio de 2008 por el mismísimo presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero y su consejera de sanidad Mercedes Roldós al afirmar que dicho centro se terminaría antes del 2011.”

Ya era nota y grande la inexistente sensibilidad que los gobiernos que últimamente se han subseguidos, han tenido con los ciudadanos del sur de Tenerife. Además de esta total, inconcebible pasividad para una evidente, necesaria necesidad de un Hospital Publico para el Suroeste, desde años solicitado, el continuo reenviar la ejecución de las obras “pone en entredicho hasta la eficacia del propio sistema parlamentario canario”.

Es así que se llaman en causa indirectamente cuanto justamente, no solo los dos paridos actualmente el gobierno, es decir Partido Popular y la nacionalista Coalición Canaria, también la inexistencia de la oposición socialista.

Para quien desconocen la realidad política de esta isla, hay que decir que todos los partidos presentes en el Parlamento de Canarias se han limitado a hablar devolviéndose uno al otro la responsabilidad de este incumplimiento.

Asimismo resulta necesario explicar que los alcaldes que dominan la situación política – administrativa de los municipios sureños, interesados dependientes, todos ellos, de los diversos partidos, pena la non reelección a la alcaldía, en las reuniones mantenida sobre el tema del hospital para el sur, han limitado sus intervenciones a unas cuantas nota de prensa enviadas a los complacientes medios de comunicación y la siempre requerida foto para testimoniar su interés y “sensibilidad” sobre este tema.

La población, contraria a “meterse en política”, calada en una evidente analfabetismo político, favorecido por el partido local, continua asustadiza sin reacción alguna, dejando sola la mencionada Plataforma. Un evidente analfabetismo poblacional, astutamente mantenido y acrecentado por parte de todos los partidos, ha causado que la población delegue constantemente el operar político – administrativo. Un sistema muy bien conocido y aprovechado por los poderes políticos y financiaros locales.

Es verdad que a lo largo de los últimos 15 años los ciudadanos han intentado utilizar todas las vías democráticas permitidas, incluida la presentación de una Iniciativa Popular de Ley, para denunciar esta situación. Pero todo chocó contra un Parlamento vergonzosamente sordo, ampliando aun más la ya extensa difidencia en los políticos.

Para demostrar la “democracia” del actual sistema parlamentario y a confirmación de los anteriormente explicados, anotamos que en el año 2000, el parlamento de Canarias apruebo dos leyes, la 3/2000 y la 4/2000, para paralizar los movimientos ciudadanos que reivindicaban los hospitales públicos del norte y sur de Tenerife

Y en el año 2005, el parlamento apruebo la Ley 8/2005, para negar cualquier intervención municipal en la implantación de centrales térmicas y transporte de líneas de media y alta tensión, cortando cualquier otro intento, como la grande manifestación popular con más de 200mil y pasa manifestantes de todas las islas del archipiélago, para la conservación del entorno de Vilaflor

Ahora están intentando quitar la existente protección nacional y europea a varias especias protegidas que están en peligro de extinción, para poder hace las grandes infraestructuras que tanto reclaman el empresariado, anulando la voz discordante del pueblo.

Políticamente dramática, por tanto, la situación democrática de estas islas en las cuales no son los principios de representación popular establecido por la Carta Magna los que dominan. Los que mandan son las muchas veces denunciados intereses corporativos y políticos

Desde siempre se ha manifestado la existencia de una interesada relación entre el mundo político y el mundo empresarial de la medicina privada y de los propietarios de clínicas privadas.

Hay una izquierda extra parlamentaria, en el sentido que no puede estar en el Parlamento a causa de peor Ley electoral existente en España, que se ha movido y podría moverse. Pero la competencia electoral con los socialistas la inmoviliza, la pone “underground como underground es la población.

Por lo tanto a esta “Tenerife underground” queda solamente augurar un revulsivo democrático y, en este contesto, un larga vida a la Plataforma Pro Hospital para el sur, que al momento resulta ser la única protestara de esta situación.

Benito Capone – coordinador de elbonsaidelaprensa

La Delegación de Andalucía, que llegará hoy, a las 13.00 horas (hora insular) al aeropuerto de Guacimeta (Lanzarote), estará compuesta, entre otros activistas y solidarios con el pueblo saharaui, por el vicepresidente tercero del Parlamento de Andalucía y Portavoz del Intergrupo Parlamentario “Paz en el Sahara”, Ignacio García Rodríguez, y la alcaldesa de Barrios (Cádiz), Ángeles Ariza Núñez.
Además de por el portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Secretario General del Sindicato de Obreros del Campo de Andalucía, Diego Cañamero Valle, y Francisco J. Guerrero Valle, responsable de Derechos Humanos de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara (CEAS-Sahara) y presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sahara (FANDAS-Sahara).
CEAS-Sahara informó de que los próximos días, delegaciones de otras comunidades autónomas, como Madrid (jueves 26), Comunidad Valenciana (viernes 27), Castilla La Mancha (sábado 28), Asturias (lunes 30), Galicia (martes 1 de diciembre) o Cataluña (miércoles 2) llegarán a Lanzarote para mostrar su apoyo y preocuparse por el estado de salud de la activista de Derechos Humanos.
Igualmente, otras delegaciones se han desplazado a El Aaiún (como la balear que estuvo los días 16 y 17 de noviembre y la aragonesa que se encuentra actualmente en los territorios ocupados del Sáhara Occidental), para comprobar ‘in situ’ la situación de “vulneración de los Derechos Humanos a la que son sometidos los defensores de derechos humanos y la población saharaui en general”.
“MORIRÉ EN EL AEROPUERTO”
CEAS está promoviendo la movilización social en un esfuerzo por “salvar la vida” de la defensora de Derechos Humanos Aminatou Haidar, que ayer declaró: “Moriré en el aeropuerto, quiero regresar a mi casa y no me movilizaré hasta conseguirlo. Si me tengo que quedar aquí puede que sea para siempre”.
Esta activista, reconocida por su lucha no violenta y varias veces premiada internacionalmente por defender el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la autodeterminación de su pueblo, muestra “una determinación absoluta en su justa demanda que ya le está provocando serios problemas de salud y puede ocasionarle daños mayores”.
Según CEAS, “el Gobierno de España no oculta su complicidad con el Reino de Marruecos”. La organización añade que “aceptando de hecho la expulsión de Aminatou Haidar y permitiendo su entrada sin pasaporte en el aeropuerto de Lanzarote, está dándole cobertura logística a la “guerra declarada” por el monarca alauita Mohamed VI, contra quien ponga en cuestión la marroquinidad del Sahara Occidental (incluido aquellas personas o movimientos civiles e institucionales que apoyen la autodeterminación e independencia del Pueblo Saharaui), especialmente contra los saharauis defensores y defensoras de Derechos Humanos en el territorio del Sahara Occidental, ilegalmente ocupado por las tropas marroquíes”.
De este modo, el colectivo subraya que “el Gobierno de España debe ser denunciado ante las instancias correspondientes, incluidas las internacionales, por abuso de poder, retención contra su voluntad de persona extranjera, incumplimiento grave del Derecho Internacional Humanitario y por actuar en beneficio de otra potencia en un conflicto internacional sobre descolonización territorial”.
“El hecho de ofrecerle el estatus de refugiada, contra sus deseos de obtenerlo y teniendo en cuenta que posee un permiso de residencia en España por motivos humanitarios, no deja de ser una forma de retenerla en España (sin pasaporte no podría salir del territorio español) y evitar su presencia y su vida junto a los suyos, en el Sahara Occidental”, concluye CEAS.

Según Kelly, EEUU no sería capaz “de asegurar nuestra propia defensa o de cumplir con nuestro compromiso con los países aliados” firmando una convención para dejar de usarlas. Está previsto que esta decisión genere una gran polémica en la comunidad internacional.
La ONG Human Rights Watch (HRW) envió una carta al presidente Obama a principios de esta semana solicitando su adhesión a un tratado internacional contra este tipo de armamento.Steve Goose, su portavoz en nueva York, dijo que ese tratado se había convertido en algo prioritario y que la Administración Obama estaría desatendiendo su compromiso humanitario no aceptándolo.
No firma pero lo respeta
La situación no deja de ser paradójica porque mientras que el país lleva desde 1993 contribuyendo con la eliminación de estas minas en todo el mundo, no se decide a firmar un tratado que lo haga oficial y obligatorio.
De hecho, según HRW, desde 1997, EEUU no ha usado, producido o exportado minas antipersona. Ese año, el entonces presidente Bill Clinton, prometió que el país firmaría el tratado que porhibe su utilización en 2006. En 2004, con Bush en la Casa Blanca, el proceso se paralizó.
En la actualidad mueren 20.000 personas menos al año por este armamento
En la actualidad, hay 156 países que han firmado el Tratado contra las minas antipersona. Los 37 países que no lo han ratificado, han respetado el documento, consiguiendo un enorme progreso en este campo.
Por ejemplo, la ONG asegura que en 2008 un total de 5.170 personas murieron a causa de las minas, mientras que en los 90 esa cifra rondaba las 26.000 al año.

“Es muy aterrador ir caminando a la escuela. Nunca sabemos cuándo los colonos nos van a atacar y a golpear”, cuenta Rima Ali, residente de la aldea cisjordana de Tuba, a dos horas en automóvil al sur de Jerusalén.

“Todos los días tenemos que cuidarnos de que los colonos judíos no estén en el valle y si los vemos tenemos que salir corriendo”, dijo Ali a IPS. La niña de 10 años todavía tiene una cicatriz debajo del ojo de cuando uno de ellos la empujó, la tiró al suelo y se lastimó.

Cientos de niñas y niños palestinos de Tuba y de las aldeas vecinas padecen todos los días el mismo sufrimiento cuando van a la escuela de la localidad beduina de At Tuwani. En una colina cercana está la colonia judía de Ma’on y el asentamiento expandido de Havot Ma’on.

Los colonos se apropiaron del único camino que conecta a las aldeas de esta zona con la ciudad de Yatta, que está a unos 10 minutos de automóvil. Los palestinos tienen prohibido circular por él y se ven obligados a andar por senderos sucios para evitar los asentamientos judíos. Si van a pie demoran alrededor una hora, si es que no tienen niños pequeños.

Los ataques de colonos judíos están incorporados a la vida cotidiana de los palestinos de Cisjordania, pese a que pueden incluir incendiar cultivos, abatir olivos, envenenar pozos de agua, matar animales y hasta agredirlos físicamente. Las autoridades israelíes, por su parte, miran para otro lado.

Pero las reiteradas agresiones contra menores en edad escolar obligaron a la organización internacional Equipos Cristianos de Acción por la Paz (CPT, por sus siglas en inglés) a escoltarlos para poder protegerlos.

Incluso hace unos años, el Knesset, el parlamento de Israel, tuvo que intervenir porque varios ciudadanos extranjeros fueran agredidos por colonos judíos con cadenas y bates de béisbol.

Dos miembros de CPT debieron ser hospitalizados con lesiones de diversa entidad como un brazo roto, el cráneo fracturado y hasta un pulmón perforado.

El ejército israelí recibió la orden de garantizar la seguridad de los escolares palestinos del sur de Cisjordania escoltándolos a diario.

Pero no son confiables. Los niños, niñas y activistas se quejan de que a veces los propios soldados son la fuente de hostilidad por su afinidad con los colonos judíos.

La cantidad y crudeza de los ataques disminuyeron, pero no se detuvieron.

La semana pasada, cuando una joven pareja palestina regresaba de Yatta a su casa en Tuba, con sus tres hijos menores de tres años, dos miembros de CPT les advirtieron que un grupo de colonos se habían ubicado desde temprano en lo alto de la colina y les recomendaron tomar el camino más largo para evitar un enfrentamiento.

“Decidimos acompañar a la familia por si surgía algún problema. Tomamos el camino más largo, pero igual se nos vinieron encima desde el valle cinco hombres y atacaron al padre que llevaba a un pequeño en brazos”, dijo a IPS la estadounidense Sarah MacDonald, integrante de CPT.

MacDonald y su compañera italiana Laura Ciaghi llevaban cámaras de vídeo por si tenían que recurrir a la policía.

“Decidí interponerme para proteger a la familia”, dijo Ciaghi a IPS. Pero la tiraron al suelo y le pegaron varias patadas en las costillas y en la espalda y les robaron las dos cámaras de vídeo.

“Gracias a que los colonos se concentraron en nosotras, la familia palestina pudo escapar sana y salva y nos quedó cierto sentimiento de logro”, añadió.

Pero Ciaghi quedó con varias contusiones y moretones en el cuerpo y le tuvieron que dar puntos en el cuero cabelludo.

Se hizo la denuncia ante la policía y al ejército de Israel, pero con excepción de un par de oficiales, la mayoría no se mostró interesada y no hubo ninguna investigación.

La actitud no sorprendió a la organización de derechos humanos israelí Yesh Din, que observa la situación de los palestinos de Cisjordania y oficia de intermediaria entre ellos y las fuerzas de seguridad de Israel.

Los palestinos deben hacer las denuncias en las comisarías que están en los asentamientos judíos ilegales, lo que es paradójico porque tienen prohibida la entrada.

“La policía suele ‘perder los documentos’ o es ‘incapaz de identificar a los responsables’ de los ataques contra los palestinos”, dijo a IPS Lior Yavne, director de Yesh Din.

“De las pocas causas que se abren, menos del 10 por ciento terminan con alguna condena”, apuntó. “La situación es totalmente diferente de cuando se investigan ataques palestinos contra colonos”, añadió.

El gobierno israelí ordenó hace dos años demoler Havot Ma’on, una construcción ilegal según la propia legislación israelí. El poblado se expande y los colonos judíos siguen atacando a los palestinos.

Israel lanzó una masiva campaña de demolición de casas palestinas cuando los asentamientos judíos se expanden en Cisjordania a un ritmo sin precedentes.

© “Todos los Derechos Reservados, IPS Inter Press Service, (2009)”
©El Bonsái 2009

Es que “aportan elementos importantes, contundentes”, aseguró, sin entrar en detalles del contenido de los informes, por razones de seguridad de la causa.

Los informes desclasificados, que fueron publicados este mes por el diario español El Mundo, señalan que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos supieron de antemano del complot montado por la cúpula militar salvadoreña de entonces para asesinar a los religiosos que dirigían la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en San Salvador.

La querella fue interpuesta en noviembre de 2008 en España ante la Audiencia Nacional, por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro por la Justicia y la Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos. En el caso son investigados 14 militares y fue acusado el propio presidente salvadoreño de entonces Alfredo Cristiani (1989-1994) por el delito de encubrimiento.

Hasta ahora, la demanda va dirigida contra la jefatura militar que habría planificado el crimen, así como los soldados que participaron en el operativo. Se trata de los generales Humberto Larios, que era ministro de Defensa, René Emilio Ponce, jefe del Estado Mayor, Juan Rafael Bustillo, comandante de la Fuerza Aérea, y Juan Orlando Zepeda, viceministro de Defensa, así como el coronel Inocente Orlando Montano, entonces viceministro de Seguridad Pública.

Además incluye a los coroneles Francisco Elena Fuentes, comandante de la Primera Brigada de Infantería, y Guillermo Alfredo Benavides, director de la Escuela Militar, al teniente coronel Carlos Camilo Hernández Barahona, asistente del director de la Escuela Militar, así como al teniente José Ricardo Espinoza Guerra y al segundo teniente Gonzalo Guevara Cerritos, ambos del Batallón Atlacatl.

A ellos se suman el soldado Oscar Mariano Amaya Grimaldi, el sargento Antonio Ramiro Ávalos Vargas, el cabo Ángel Pérez Vásquez, el sargento segundo Tomás Zárpate Castillo y al soldado raso José Alberto Sierra Ascencio, todos del Batallón Atlacatl.

Los demandantes incluyeron también al entonces presidente Cristiani, como encubridor. Pero el juez de la causa, Eloy Velasco, lo dejó fuera de la demanda.

Sin embargo, “el juez dejó abierta la posibilidad de incluirlo en el futuro, si se contaba con nuevos elementos”, aclaró Bernabeu.

SIN TESTIGOS

Los documentos fueron publicados el día 16, justo cuando se cumplían 20 años de que un comando del Batallón Atlacatl, entrenado en Estados Unidos en lucha contrainsurgente, ingresó de madrugada a la UCA y asesinó al rector Ignacio Ellacuría, al vicerrector Ignacio Martín-Baró, a Segundo Montes, Amado López y a Juan Ramón Moreno, todos españoles, y al prelado salvadoreño Joaquín López.

Como no había que dejar testigos, la trabajadora doméstica Elba Ramos y su hija Celina Mariceth, de sólo 16 años, también fueron asesinadas.

La información proveniente de los documentos desclasificados no sólo pudieran incluir a más involucrados, sino que provee detalles y fortalece la evidencia en contra de los ya acusados.

El Mundo divulgó el 22 de este mes un manuscrito en el que se lee que, en una reunión de la cúpula militar el general Ponce dio la orden de asesinar a Ellacuría, sin dejar testigos.

“Hay que proceder a su eliminación (de Ellacuría) sin testigos”, le habría dicho Ponce al que redactó el manuscrito y plasmó esas palabras en el papel, quien se identifica únicamente como “yo”.

Ponce ya había sido inculpado, junto con otros de sus colegas militares, del crimen de los religiosos de la UCA por el informe de la Comisión de la Verdad de 1993, creada luego de firmados los acuerdos de paz para investigar los crímenes con excusa política perpetrados en los años de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del Estado y la guerrilla izquierdista.

Esa guerra civil iniciada en 180 dejó 75.000 muertos y 7.000 desaparecidos, la mayoría civiles a manos de las fuerzas militares y subordinados.

Pero la sociedad salvadoreña nunca había visto alguna evidencia sobre la participación del general Ponce en el crimen.

Los asesinatos se dieron en el marco de la más feroz ofensiva guerrillera lanzada contra el ejército por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), por entonces alzado en armas y que desde 1992 pasó a la legalidad como partido político y hoy gobierna El Salvador de la mano del presidente Mauricio Funes, quien asumió el 1 de junio.

Las operaciones de la guerrilla llegaron por primera vez a San Salvador, con toda su fuerza, durante esa ofensiva de noviembre de 1989, llamada “Hasta el tope” y planificada como el asalto final. En ese marco, la jefatura militar decidió ejecutar a los jesuitas, a los que siempre habían acusado de ser instigadores de la “subversión”, por su prédica de la Teología de la Liberación, la corriente católica que impulsa la acción social y en defensa de los pobres.

Tras fuerte presión internacional, sobre todo de Washington, que vio el crimen como un acto abominable, la justicia salvadoreña llevó a juicio en septiembre de 1991 a 14 militares acusados de participar en la masacre. Pero sólo fueron condenados dos de ellos, el coronel Benavides, bajo cuyo mando estaba el Batallón Atlacatl, y el teniente Mendoza.

Sin embargo, la ley de Amnistía de 1993 los dejó en libertad en abril de ese año.

“Creo que es aquí en El Salvador donde el caso debería agarrar más vuelo y lo que se está haciendo en España viene a complementar la necesidad de justicia en el país, Nosotros vamos a seguir dando la batalla acá vía las instituciones internas o el sistema interamericano”, dijo a IPS Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca).

Ante la falta de justicia en el caso, el Idhuca y la Compañía de Jesús presentaron en noviembre de 2003 una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington.

CONSPIRACIÓN CÍVICO-MILITAR

El diario español fue más allá y agregó que todo indicaba, según expertos consultados, que la información en manos de la CIA también fue conocida por la inteligencia española, el otrora Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid), transformado ahora en el Centro Nacional de Inteligencia.

Pero otras versiones periodísticas en España afirmaron que los oficiales del Cesid salieron de El Salvador en marzo de 1989, ocho meses antes de la matanza de los jesuitas.

En tanto, el diario digital El Faro informó que William Walker, quien era embajador de Estados Unidos en El Salvador cuando se perpetró la masacre, envió un cable al Departamento de Estado (cancillería) de su país en el que informaba que miembros de la entonces gobernante Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se habían reunido el 15 de noviembre de 1988 para planificar el asesinato.

“La información que se nos ha proporcionado nos conduce a una inquietante conclusión: los asesinatos del padre Ellacuría y sus siete compañeros pueden ser rastreados hasta una discusión la tarde del 15 de noviembre entre D’Aubuisson y sus seguidores más fanáticos dentro del Coena (Consejo Ejecutivo Nacional de Arena)”, dijo Walter en el cable, según en periódico.

El mayor del ejército D’Aubuisson, fundador de la derechista Arena, es considerado el responsable de montar los escuadrones de la muerte, cuerpo paramilitar que en los años 80 se dedicó a asesinar opositores. La Comisión de la Verdad lo responsabilizó, en particular, de haber sido el autor intelectual del asesinato en 1980 del arzobispo de San Salvador, monseñor Oscar Arnulfo Romero.

D’Aubuisson murió en 1992 de cáncer sin que lo alcanzara la justicia.

Ricardo Valdivieso, miembro del Coena de entonces y amigo de D’Aubuisson, negó las versiones provenientes del cable enviado por Walter.

“Es absolutamente ridículo, absurdo”, dijo Valdivieso a IPS. “Todo eso es producto del chambre (chisme) de la época, y que el ex embajador pudo haber recogido”.

Valdivieso añadió que él conoció a Walker antes de que lo nombraran embajador en San Salvador y lo considera su amigo. Pero sostuvo que el diplomático estadounidense era muy dado a dejarse llevar por información no confirmada.

“Un día, a pocos días de que Cristiani fuera juramentado como presidente, viene con el cuento de que había sabido que se preparaba un golpe de Estado contra el gobierno de Napoleón Duarte (1984-1989). Y yo le digo: ‘Mirá. ¿cómo va a haber un golpe a tres días de que termine el gobierno?, eso no tiene lógica’. Tenés razón, me dijo, y se fue más tranquilo”.

Por otro lado, el 16 de este mes, en el marco del aniversario de los 20 años de la llamada “Masacre de la UCA, el gobierno de Funes homenajeó póstumamente a los jesuitas asesinados, por su labor académica y su contribución al proceso de paz culminado en 1992. Las medallas fueron entregadas a familiares y colegas de los religiosos.

“Hoy, 20 años después de su cruel asesinato, poner en las manos de los familiares y compañeros… el mayor reconocimiento que concede este país, como es la Orden José Matías Delgado, significa, para mí, retirar un velo espeso de oscuridad y mentiras para dejar entrar la luz de la justicia y la verdad”, expresó Funes

© “Todos los Derechos Reservados, IPS Inter Press Service, (2009)”
©El Bonsái 2009

Según estadísticas oficiales, entre 1980 y 2000 el producto interno bruto (PIB) danés creció 78 por ciento. En el mismo periodo, el consumo energético del país fue prácticamente el mismo.

Esto significa que la intensidad energética –proporción de consumo de energía en relación al PIB– se redujo 40 por ciento. Las emisiones danesas de gases invernadero, especialmente dióxido de carbono (CO2), también decayeron sustancialmente, alrededor de 20 por ciento.

Según la Agencia Internacional de Energía, Dinamarca es el tercer país de la Unión Europea (UE) con más baja relación entre su PIB y las emisiones de carbono.

Los dos que le anteceden son Suecia y Francia. Ambos –especialmente el segundo– dependen mucho de la generación de energía nuclear, que se presume libre de carbono.

El desarrollo ejemplar de Dinamarca es consecuencia del aumento de la eficiencia en la generación y consumo de energía, pero también del incremento de fuentes energéticas renovables, en particular el viento, usadas para producir electricidad. Anne Grete Holmsgaard, parlamentaria por el opositor Partido Popular Socialista, dijo a este periodista que uno de los factores más importantes en el aumento de la eficiencia en el consumo de energía en el país es la cogeneración de electricidad y calor.

“Prácticamente todos los generadores daneses funcionan de modo dual”, señaló Holmsgaard, quien también es una de los principales legisladoras ambientales danesas.

“La cogeneración de electricidad y calor garantiza un uso más eficiente de los combustibles en la producción. En los generadores más eficientes podemos alcanzar una eficiencia de hasta 90 por ciento”, agregó.

Actualmente, los generadores combinados de calor y electricidad constituyen uno de los métodos más comunes de reciclaje de energía.

Mientras las centrales eléctricas convencionales dejan que el calor que producen como derivado de la electricidad fluya hacia la naturaleza mediante torres de refrigeración, drenando el agua caliente hacia los ríos o por otros medios, los generadores combinados lo capturan para usarlo en el calefaccionamiento doméstico o industrial.

Además, en los años 80 Dinamarca introdujo elevados estándares de eficiencia para edificios, programas de etiquetado de energía para artefactos eléctricos y campañas públicas para promover el ahorro en hogares e industrias.

Desde entonces, estos estándares han sido constantemente actualizados y mejorados.

“También pagamos impuestos muy altos al consumo de energía”, dijo Holmsgaard para este artículo.

Dinamarca lanzó su programa de eficiencia energética en los años 70, en las postrimerías de la primera crisis del petróleo.

“En ese momento éramos casi completamente dependientes del petróleo y de otros combustibles fósiles”, dijo a este periodista Steen Gade, presidente del Comité Danés de Ambiente y Planificación y del Trust de Ahorro de Energía Danés.

Hasta mediados de los años 70, Dinamarca generó 90 por ciento de su electricidad quemando petróleo importado. La quema de carbón extraído en el país generó el 10 por ciento restante.

“El objetivo de nuestro primer Plan Danés de Energía consciente, de 1976, fue aumentar nuestra seguridad de suministro, y reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles”, agregó Gade.

Las preocupaciones ambientales no jugaron ningún rol en la concepción de ese plan.

En realidad, el principal objetivo del plan fue mejorar primero la eficiencia en la generación de electricidad y calor, y convertir a los generadores del país de petróleo a carbón.

“La energía renovable solamente tuvo un rol marginal en el suministro de energía en ese momento”, dijo Gade.

El plan siguiente, en 1981, puso énfasis en intensificar el desarrollo de la recuperación de petróleo y gas desde el mar del Norte. Sin embargo, en simultáneo el plan lanzó la construcción y operación de turbinas eólicas y plantas de biomasa, dando inicio a la actual historia de éxito en materia de generación de energías renovables en Dinamarca.

Para 1990, antes de que el mundo industrializado empezara a pensar en reducir las emisiones de gases invernadero, un nuevo plan danés de energía se fijó el objetivo de reducir 20 por ciento las emisiones de CO2 entre 1998 y 2005.

“Los instrumentos más importantes del plan Energía 2000 fueron aumentar el suministro de energía renovable, así como la utilización de los generadores combinados de calor y electricidad, y más ahorros energéticos”, dijo Gade para este artículo.

Desde entonces, la cuota de energía renovable –eólica, geotérmica, solar, de biomasa y biogás– aumentó de modo constante en Dinamarca, y ahora representa 28 por ciento del suministro eléctrico total del país.

“Para este aumento de la energía renovable fue esencial la decisión adoptada en 1985, de renunciar a la energía nuclear”, dijo Holmsgaard.

“Si Dinamarca hubiera seguido el ejemplo de, digamos, Francia, y hubiera comenzado a construir centrales nucleares, nosotros habríamos bloqueado el desarrollo de nuestro sector de energía renovable”, añadió.

Según ella, para 2020 el país habrá reducido por lo menos cuatro por ciento su consumo de energía, en relación a 2006. “Pero podemos ir más lejos y reducir hasta 45 por ciento el consumo de energía para 2050. Es sólo una decisión política”, enfatizó.

Sin embargo, pese a su eficiencia ejemplar, el sistema energético danés tiene fallas.

Dorthe Vinther, vicepresidenta de Energinet, una empresa pública independiente que posee las principales redes de electricidad y gas natural en Dinamarca, dijo a este reportero que la red danesa todavía “no es suficientemente inteligente para coordinar de modo flexible la oferta y la demanda, y para compensar las fluctuaciones que dependen de la meteorología y que son típicas de la energía eólica y de la solar”.

Según Vinther, esas fluctuaciones en el abastecimiento de energías renovables vuelven difícil satisfacer la demanda básica. “Para lograr ese objetivo necesitamos un mejor pronóstico meteorológico, que nos permitiría mejorar nuestro programa y manejo de la oferta de energía eólica o solar”, planteó.

Además, “la red debe ser capaz de almacenar electricidad en fases de mayor suministro de energía eólica y solar, y de distribuirla en periodos de bajo suministro, para satisfacer constantemente la demanda básica”, dijo.

Vinther señaló que esa red y el pronóstico constituyen factores a ser considerados en la creación de un futuro mercado internacional de energías renovables, especialmente de la eólica.

“La integración de energía eólica a gran escala requiere una fuerte red internacional de transmisiones y eficientes mercados eléctricos internacionales, para comerciar y equilibrar la energía eólica en un área geográfica amplia”, declaró.

“Para un proyecto internacional de esas características, también necesitamos sistemas energéticos coherentes, a fin de aumentar la flexibilidad y la eficiencia económica, y de reducir el impacto ambiental. Y necesitamos redes inteligentes”, enfatizó Vinther.

* Este artículo es parte de una serie producida por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional de Periodistas Ambientales) para la Alianza de Comunicadores para el Desarrollo Sostenible

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Con su par boliviano Evo Morales, el iraní reafirmó su posición contraria a la política exterior de Estados Unidos y defendió su programa de energía nuclear.

Tras su estadía en Brasil, Ahmadineyad llegó a La Paz para una visita de cinco horas, en el marco de una travesía sudamericana que continuará en Venezuela, donde se entrevistará con el mandatario Hugo Chávez.

La gira, que despierta interés de observadores diplomáticos por las alianzas consolidadas por Teherán con los gobiernos de izquierda de Brasil, Bolivia y Venezuela, no está exenta de conjeturas sobre el supuesto deseo iraní de crear un bloque de respaldo a su plan atómico.

Unos 23.000 kilómetros separan a la sudamericana Bolivia de Irán, pero el mandatario visitante afirmó que “el pensamiento y el corazón están cercanos” en sus objetivos comunes de “luchar por una vida mejor”.

“Querido amigo y revolucionario, a pesar de las dificultades que provoca el imperialismo, la colaboración avanza entre los dos países”, dijo Ahmadineyad en un discurso pronunciado en La Paz.

Desde Palacio de Gobierno, el presidente iraní presenció por teleconferencia el inicio de actividades de una planta industrial de leche localizada en la población de Ivirgarzam, en el central departamento de Cochabamba.

Otra obra inaugurada a distancia fue un hospital de segundo nivel en la zona de Villa Dolores, en la empobrecida ciudad de El Alto, donde se contó con el eficiente apoyo del gobierno de Irán y de sus técnicos, según destacó el ministro de Salud boliviano Ramiro Tapia.

“Soy muy admirador de usted y de su pueblo. Nos encontramos en la lucha por la soberanía y nuestros pueblos nos dan el mandato de liberarlos”, expresó Morales en el encuentro.

“Donde hay imperio, no hay desarrollo; donde hay bases militares extranjeras, no hay integración y tampoco paz social. Por eso tenemos enormes coincidencias entre Bolivia e Irán, en la defensa de nuestros pueblos”, añadió, en referencia a la presencia militar estadounidense en Colombia.

“El presidente Morales tiene prerrogativas para reunirse con otros mandatarios, pero debe evaluar las consecuencias y obtener beneficios e inversiones claras para el país”, declaró a IPS la diputada Marisol Abán del conservador Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).

En opinión de Abán, los antecedentes bélicos de Irán atraen las miradas del mundo y por ello reclamó una evaluación seria de las ventajas y desventajas de una relación diplomática entre La Paz y Teherán.

Al final del encuentro, Morales y Ahmadineyad firmaron acuerdos de cooperación bilateral en investigación y aprovechamiento del litio localizado en la mayor reserva del mundo, el Salar de Uyuni, en el departamento de Potosí, al sureste de La Paz.

La asistencia iraní se ampliará a la instalación de centros de hemodiálisis en las ciudades de El Alto, colindante con La Paz, y en la central capital departamental de Cochabamba.

Además, Morales pidió a su colega transferencia de tecnología y conocimientos en la industria petroquímica que desea ampliar para fortalecer a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Los compromisos amplían un programa de cooperación económica y asistencia técnica comprometida este país sudamericano por Ahmadineyad en septiembre de 2007, por 1.100 millones de dólares.

Desde la ciudad de Santa Cruz, el diputado de la derechista Poder Democrático y Social (Podemos), Carlos Klinsky, dijo a IPS que tras la diplomacia iraní se esconde el verdadero deseo de obtener el uranio boliviano para sus planes de desarrollo nuclear.

La opinión del congresista se alinea a las versiones atribuidas a informes secretos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel sobre el supuesto interés de Irán en contar con uranio boliviano, con el respaldo de Venezuela.

Bolivia posee 10 reservas de uranio en su territorio, pero el gobierno asegura no contar con la capacidad necesaria para explotar y comercializar el mineral.

La última producción de uranio data de 1974, cuando la ahora desaparecida Comisión Boliviana de Energía Nuclear consiguió elaborar dos kilogramos de “torta amarilla” (óxido de uranio concentrado que se usa para el combustible de las centrales atómicas).

© “Todos los Derechos Reservados, IPS Inter Press Service, (2009)”
©El Bonsái 2009

En un comunicado, la presidenta de CC, Claudina Morales, se refiere a la “acción urgente” lanzada en Internet por la citada Fundación, que reclama que la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, abra una investigación sobre el caso y demande el cumplimiento de los derechos humanos en el Sahara Occidental.

Morales asegura que ante “la falta de respuestas” del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y la “insensatez” del Reino de Marruecos es necesaria la participación “inmediata” de la ONU para buscar una solución inminente y ofrecer una salida a Aminatu Haidar, que lleva quien nueve días en huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote en protesta por la negativa de Marruecos a que regrese a El Aaiún.

La presidenta de CC considera que “es necesario que la ONU impulse la búsqueda de un acuerdo para que a Aminatu Haidar se le devuelva la documentación y pueda viajar a El Aaiún”, agrega la nota.

Por una parte, Rajoy se ha quejado de que España “se queda descolgada de la recuperación mundial”, una crítica recurrente en su discurso, pero poco después, por primera vez desde que comenzó la crisis, no ha descartado que exista alguna mejoría en la economía española: “Hay datos que mueven a la esperanza”, ha dicho a regañadientes. “Si existe alguna señal positiva, es gracias a las empresas y las familias, que se han adaptado”.
“Si hay alguna señal positiva, no es por el Gobierno”, ha reconocido a regañadientes
Después de que un -involuntario, quizás- brote verde saliera de su boca, el lider Popular se ha apresurado a aclarar que en esa posible señal positiva el Gobierno no tenía nada que ver: “El Gobierno no ha hecho nada, no ha hecho los deberes y manda mensajes equivocados”.
Tras el desliz, el líder popular se ha puesto la venda. Así, advirtió de que, aunque la economía vuelva a registrar “décimas” de crecimiento en términos trimestrales, no se podrá considerar que se ha salido de la crisis, como en su opinión dirá el Gobierno, porque “resultaría irresponsable confundir el estancamiento con la recuperación”.
A partir de ahí, ha vuelto al tono crítico y pesimista que es habitual en sus análisis. “Estamos acercándonos al fondo del pozo y tarde o temprano tocaremos suelo”, dijo el líder del PP, quien lamentó que en 2010, para el que se prevé que la economía seguirá cayendo, “tendremos una crisis sobre la crisis, con más pérdida de empleo y más empobrecimiento”.
Asimismo, valoró que “la propia gravedad de la crisis” haya llevado a las familias a ajustar sus hábitos en la dirección correcta, con el consecuente aumento del ahorro, o haya supuesto otras mejoras como la reducción del déficit exterior. Sin embargo, advirtió de que el déficit público español es ya “insostenible” y recordó que se ha producido una desviación tanto del gasto público como de los ingresos sin precedentes en la historia.
“La mía sería una política sin tics antimercado ni populistas”
El presidente del PP se mostró convencido de que España puede recuperarse y volver a crear empleo y a recibir inversiones, y puede “volver a creer en sí misma”. “Es posible, sólo hay que cambiar la política”, dijo Rajoy, quien aseguró que la suya sería una política “sin prejuicios, sin tics antimercado ni populistas”, y también “de responsabilidad, de estabilidad presupuestaria y de apoyo a los emprendedores”.
Añadió en este sentido que él defiende una política de “vocación reformista y de adaptación permanente a los cambios”, y exigió al Gobierno “capacidad de liderazgo” para tomar iniciativas y pedir el “concurso de todos” ante la crisis.