AMÉRICA: Nuevas promesas gubernamentales contra la violencia

MÉXICO, 8 oct Por Diego Cevallos

 (IPS) – La violencia ciudadana mata en América a más de 100.000 personas al año, cifra que supera el impacto de cualquier enfermedad. El promedio en este continente es de 27 homicidios por cada 100.000 habitantes, 22 más que la media mundial.

 

Se trata de una crisis de amplia magnitud que requiere acciones integrales y “multisectoriales”, reconocieron representantes de 34 gobiernos que asistieron el martes y este miércoles en México a la “Primera Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas”, realizada bajo la égida de la Organización de Estados Americanos (OEA).

 

Los participantes se comprometieron en su declaración final a enfrentar la violencia con mayor coordinación, adecuación de normas, política de prevención, programas educativos, modernización y transparencia de la gestión policial y un amplio intercambio de experiencias que en la materia tiene “la sociedad civil”.

 

“Los ministros descubrieron el hilo negro (lo obvio), que la inseguridad pública hizo crisis, y se comprometieron a lo que la lógica indica desde hace años: se requieren políticas de seguridad con un balance entre medidas inmediatas y otras de largo plazo, especialmente educación y prevención”, dijo a IPS el politólogo y experto en narcotráfico Sergio Fernández.

 

Según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, la inseguridad cuesta cada año sólo a América Latina el equivalente a 15 por ciento de su producto interno bruto.

 

Mientras, datos del Banco Mundial indican que 75 por ciento de los secuestros que se registran en el mundo corresponden al continente americano, no obstante albergar a ocho por ciento de la población global.

 

Aunque el promedio continental de homicidios ubicado en 27 por cada 100.000 habitantes supera ampliamente la media mundial, la situación en varias ciudades es peor aún, con promedios que oscilan entre 40 y 120 por cada 100.000 habitantes, indica un informe de la OEA entregado en esta cita de México.

 

Sólo en América Central, esa índice asciende a 36 en promedio. En El Salvador, por ejemplo, los homicidios alcanzaron en 2006 la cifra de 55,3 por cada 100.000 habitantes.

 

La OEA precisó que en Jamaica ese indicador es de 49,1, en Guatemala de 45,2, en Venezuela de 45, en Honduras de 42,9 y en Colombia de 37,3 por cada 100.000 habitantes. Las principales víctimas de la violencia en América son los jóvenes, al grado que la primera causa de muerte entre las personas de 15 y 29 años son hechos delictivos. En este grupo poblacional la tasa de incidencia es de 83,2 por cada 100.000 personas.

 

La región, “no sólo sufre la extrema violencia debida a los homicidios, provocados en su gran mayoría por actividades criminales y principalmente por el tráfico de drogas, sino también muchos otros hechos delictivos cotidianos y comunes tales como robos con violencia, secuestros, abusos sexuales, pandillaje juvenil criminal o la violencia en el hogar”, dijo el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.

 

En la reunión de México, Insulza advirtió que “los temas atingentes a la seguridad han terminado por constituirse en una de las principales amenazas para la estabilidad, el fortalecimiento democrático y las posibilidades de desarrollo de nuestra región”, por lo que se debe actuar en consecuencia “rápida y enérgicamente”.

 

“La integridad misma del Estado, de las instituciones democráticas, se ven severamente amenazadas por la extensión, poder e influencia del fenómeno delictual (sic)”, señaló Insulza.

 

Los ministros y funcionarios asistentes a la reunión de México suscribieron una larga declaración en la que se comprometieron a “fomentar y fortalecer políticas de Estado en materia de seguridad pública de largo plazo y con pleno respeto a los derechos humanos”.

 

Otro de los compromisos apunta a “responder eficazmente a la inseguridad, la delincuencia y la violencia adecuando, según sea necesario, su marco jurídico, estructuras, procedimientos operativos y mecanismos de gestión”.

 

En cuanto a la prevención del crimen, prometieron hacerlo desde las escuelas con programas especiales y otros planes ampliados a la sociedad.

 

Tras reconocer que las policías no siempre actúan con transparencia y profesionalismos, indicaron que trabajarán para mejorar su desempeño y en materia de rendición de cuentas. Además, ofrecieron darles mejores salarios.

 

También promoverán “la participación ciudadana y comunitaria en el proceso de ejecución de planes y programas de seguridad pública” e incentivarán “la responsabilidad social, así como una cultura de prevención integral de la delincuencia, la violencia y la inseguridad” con la participación de la sociedad, “de los medios de comunicación y del sector privado”.

 

El politólogo Fernández, quien trabaja como consultor en temas de seguridad, llamó a la sociedad a seguir con atención los compromisos suscritos en México.

 

“Llevamos años escuchando promesas de los gobiernos, cuando los hechos nos indican que la situación de seguridad va de mal en peor” y para ello “sólo hay que leer cifras o conversar con cualquier ciudadano latinoamericano”, dijo.

 

Según diversas encuestas, la inseguridad se encuentra entre los primeros dos o tres problemas de mayor preocupación, “superado, cuando lo es, sólo por la pobreza o el desempleo”, reconoció Insulza.

 

La encuesta regional “Latinobarómetro”, realizada por la organización chilena que lleva el mismo nombre, muestra que la percepción ciudadana en América Latina y el Caribe sobre la inseguridad se duplicó entre 2003 y 2007.

 

En 2007, el universo de 63 por ciento de las personas encuestadas manifestaron que su país era muy inseguro y 73 por ciento de ellos declararon sentir un temor constante a ser víctima de un delito.

 

“Debemos admitir que la amplitud e intensidad de los fenómenos criminales y las carencias o debilidades de nuestras instituciones para combatirlos afectan drásticamente la calidad de vida de la población y generan un clima de temor generalizado, que amenaza directamente la solidez de la democracia”, expresó Insulza.

 

“Las causas del fenómeno tienen que ver, en primer lugar, con la delincuencia organizada, principalmente el tráfico de drogas y delitos conexos, y la corrupción que genera. Muchos hechos violentos que ocurren en las calles y que afectan a los ciudadanos están relacionados con este flagelo y se puede afirmar que ningún país de la región escapa por completo a él”, apuntó.

 

Otros factores de peso son socioeconómicos, recordó el funcionario. “Si bien la pobreza por sí sola no es un factor explicativo, sí existe una correlación muy clara cuando ésta interactúa con otros factores como la desigualdad, la marginación y la exclusión en las que vive una parte importante de la población”, declaró.

 

Como consecuencia del crimen y la violencia, en el continente americanos mueren cada año más 100.000 personas, a lo que habría que añadir las cientos de miles de víctimas que son heridas o sufren otros perjuicios.

 

Entre los costos humanos de la delincuencia, la OEA incluyó en sus documentos difundidos en México la existencia de casi cuatro millones de personas encarceladas, “muchas de ellas condenadas por la justicia, otras atrapadas en interminables procesos judiciales y no pocas con sentencia cumplida pero que por ineficiencia del sistema continúan en prisión”.

 

© “Todos los Derechos Reservados, IPS Inter Press Service, (2008)” ©El Bonsai

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