BIODIVERSIDAD: Crisis bursátil trae mal augurio para zona andina

BARCELONA, oct Por Julio Godoy

 (Tierramérica ) – La crisis que está afectando los mercados bancarios y bursátiles en todo el mundo puede contribuir a la expansión de las industrias extractivas en la región andina sudamericana, advierten especialistas.

 

Inversores del mundo industrializado pueden sentirse estimulados a buscar proyectos alternativos para la liquidez financiera, forzada por las desinversiones bursátiles de las últimas semanas, dijo a Tierramérica Stewart Maginnis, director del programa de conservación forestal de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

 

El debate sobre las repercusiones ambientales de la crisis financiera acaparó la atención de muchos en el Congreso Mundial de la Naturaleza, que UICN celebra en la ciudad española de Barcelona desde el 5 hasta el 14 de este mes, con asistencia de unos 8.000 especialistas. Pero la incertidumbre es tal que algunos auguran una menor presión sobre los recursos naturales y otros, todo lo contrario.

 

“Dado el alto precio actual de los carburantes, una inversión atractiva ahora es la expansión de industrias extractivas,” sostuvo Maginnis, lo que constituiría un riesgo para la protección de zonas como los bosques y selvas amazónicas de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

 

El fenómeno podría acentuarse por las ya favorables políticas aplicadas a las industrias extractivas por los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, y que chocan con intereses y concepciones de desarrollo de comunidades indígenas.

 

Esta contradicción se hizo palpable en Barcelona, en un debate entre expertos ambientalistas, delegados gubernamentales y representantes de las comunidades indígenas de los cuatro países de la CAN.

 

“Nuestra idea del desarrollo no coincide con la del hombre blanco. Para nosotros, lo más sagrado es proteger a la Madre Tierra. Para las empresas y los gobiernos, perforar agujeros en ella es parte del desarrollo”, dijo a Tierramérica Gerardo Macuna, representante de comunidades indígenas de Colombia.

 

En cambio, para Francisco Dallmeier, biólogo del Centro para la Conservación, Educación y Sostenibilidad de la estadounidense Smithsonian Institution, “algunas zonas de explotación de hidrocarburos (en América del Sur) satisfacen estándares de conservación biológica de alto nivel”.

 

El gasoducto Bolivia-Brasil, inaugurado en 1999 por la empresa petrolera brasileña Petrobras, “es uno de esos ejemplos de excelente gestión ambiental de una explotación de hidrocarburos”, indicó Dallmeier.

 

En una postura intermedia, el investigador César Ipenza, de la Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza, sostuvo que “necesitamos desarrollar herramientas de investigación y evaluación que nos permitan conciliar la explotación de los recursos hidrocarburíferos como factores de desarrollo con la efectiva preservación de la biodiversidad en las zonas protegidas de la Comunidad Andina”.

 

La región andina es rica en yacimientos petrolíferos y gasíferos. De acuerdo a las cifras oficiales más recientes de la CAN, que datan de 2004, la producción de petróleo y derivados de Colombia era de 686.000 barriles diarios, tres veces al consumo promedio nacional. Colombia exportaba unos 460.000 barriles por día.

 

Bolivia produce unos 41 millones de metros cúbicos de gas por día, exporta a Brasil y Argentina 35 millones de unidades y consume apenas seis millones de metros cúbicos.

 

Esta enorme fuente de riqueza es difícil de conciliar con la conservación ambiental y las normas aplicables a las zonas protegidas, y desafía también la vigencia de convenios internacionales ratificados por los países de la CAN, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protege los derechos de los pueblos indígenas.

 

Gobiernos y comunidades indígenas interpretan el texto del Convenio de manera divergente.

 

El artículo 6 del Convenio establece que “los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente…”

 

“Para los gobiernos de la CAN, este artículo sólo los obliga a consultar a las comunidades indígenas, pero entienden que los deja en libertad de decidir las políticas para las industrias extractivas”, dijo a Tierramérica María Amparo Albán, abogada y consultora ambiental ecuatoriana.

 

Prácticamente ningún gobierno del bloque andino está dispuesto a impedir a las industrias extractivas operar en las zonas protegidas y que corresponden al hábitat de pueblos indígenas “sólo por razones de conservación de la biodiversidad”, añadió Albán.

 

Las comunidades indígenas, en cambio, interpretan el convenio “como dándoles poder de decisión sobre las políticas extractivas que tienen lugar en sus territorios”.

 

Esta interpretación es sostenida por el artículo 7. “Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural”, afirma.

 

Para Óscar Castillo, experto boliviano en hidrocarburos de la Wildlife Conservation Society, “el reto para la región andina es hacer un análisis integrado, supranacional, de los impactos ambientales de las industrias extractivas, para concebir políticas supranacionales para toda la región”.

 

Pero, según Albán, esa política supranacional es hoy imposible en el bloque. “Los conflictos internos de la CAN, derivados de las diferencias ideológicas que separan a Colombia y Perú, de un lado, de Ecuador y Bolivia, del otro, han paralizado todo avance en la integración regional”, dijo. En ancas de ese conflicto, Venezuela ya se retiró de la Comunidad Andina.

 

Más de 180 campos petroleros y gasíferos se extienden por la Amazonia occidental, que comprende a los cinco países andinos, y 72 por ciento del territorio selvático de Perú coincide con planes de explotación de hidrocarburos, afirma una investigación publicada en agosto por la revista científica PLoS ONE.

 

En tiempos de incertidumbre, muchos más intereses podrían ir en busca de esos tesoros, según Maginnis.

 

“Esta expansión ocurre a costa de nuestros pueblos, y de la Madre Tierra,” advirtió José Antúnez, líder de una comunidad asháninka del Perú.

 

* Corresponsal de IPS. Este artículo fue publicado originalmente el 11 de octubre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. (FIN/2008)

 

© “Todos los Derechos Reservados, IPS Inter Press Service, (2008)” ©El Bonsai

 

 

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