DD HH-ESPAÑA: Demolición de la memoria

MADRID, oct Por José Antonio Gurriarán

(IPS) – Mientras las máquinas derriban la gigantesca prisión española de Carabanchel, construida por la dictadura franquista para encerrar a sus opositores, se acentúan las protestas de muchos de quienes la sufrieron, por entender que debe preservarse como museo sobre violaciones a los derechos humanos.

 

Apoyados por asociaciones de vecinos de la barriada popular madrileña en la que está situada la penitenciaría, ya expresaron su malestar, cuando se acordó el derribo, viejos militantes sindicales y políticos de todo signo ideológico, como comunistas, socialistas, anarquistas, liberales y cristianos progresistas, que pasaron por las temibles tercera y quinta galería carcelaria.

 

El gobierno nacional del Partido Socialista Obrero Español y el de Madrid, a cargo de un sector moderado del derechista Partido Popular (PP), compartieron la decisión de destruir la cárcel construida para albergar presos políticos al finalizar la Guerra Civil Española (1936-1939) por el bando vencedor del general Francisco Franco, quien instauró una dictadura que se extendió hasta 1975.

 

Fue un pacto entre el Ministerio del Interior del gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero y el alcalde de Madrid, José María Ruiz Gallardón, del PP, hijo de José María Gallardón, un monárquico crítico del franquismo que fue preso por participar, en 1956, en un congreso estudiantil que condenó la dictadura.

 

El acuerdo establece destinar 50.000 metros cuadrados, de los 200.000 que tiene el recinto carcelario, para a la construcción de 650 viviendas sociales, un hospital, una plaza con un monumento en reconocimiento a los presos de Carabanchel y un Centro para la Investigación de la Memoria Democrática.

 

El proyecto no satisface a la organización no gubernamental Plataforma por un Centro para la Paz y la Memoria, que congrega a los opositores al derribo de la cárcel. Entre ellos, la Asociación Vecinos de Aluche, presidida por el ex concejal comunista del ayuntamiento madrileño Julián Rebollo.

 

“Es una vergüenza lo que están haciendo. A nadie se le ocurría derribar los campos de concentración nazis de Auschwitz (Polonia) y Mauthausen (Austria), para recordar los horrores que allí hubo, que los tiraran abajo y dejaran, en su lugar, un edificio nuevo”, dijo Rebollo a IPS.

 

Rebollo no estuvo preso en Carabanchel, aunque sí en los calabozos que la Dirección General de Seguridad que el franquismo tenía en el paseo de la Puerta del Sol, en el centro de Madrid. Sabe de memoria, sin embargo, el nombre de cada uno de los que pasaron años de su vida en la cárcel emblemática de la dictadura.

 

“Lo que pretendemos es que dejen en pie la gran cúpula, en cuyo patio se centralizaban los servicios de vigilancia, o una de las dos galerías en las que sufrieron tanto los presos de la dictadura”, indicó.

 

“¿Cómo sabrán nuestros hijos y nietos lo que sucedió en ella si arrasamos todos los vestigios?, se preguntó. “Sería una barbaridad…”, respondió de inmediato.

 

Rebollo opina igual que el socialista Luís Solana, un economista experto en seguridad que colaboró con los gobiernos de Felipe González (1982-1996). Es hermano de Javier Solana, actual responsable de Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea.

 

En una carta que envió a Zapatero, Luís Solana le dice: “José Luis, si autorizas que se derribe, se borra un pasado de lucha y sacrificio por la libertad que ahora tenemos (…). Yo estuve preso allí un año con los números 2591 y 5040 (….). Si ellos tienen el Valle de los Caídos (la derecha neofranquista), a muchos nos gustaría tener aquí la cárcel de Carabanchel. Deja esas obras, déjala en pie”.

 

El Defensor del Pueblo, el socialista Enrique Múgica, quien fue ministro de Justicia del gobierno de González, fue otro de los capturados en la redada de 1956 contra estudiantes, en la que cayeron, además de Gallardón, el comunista Ramón Tamales, el liberal Dionisio Ridruejo y Gabriel Elorriaga, hoy en el PP.

 

Múgica recibió a los miembros de la Plataforma, se solidarizó con su petición y en carta abierta se lo expresó al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

 

“Hago propia esta petición, como Defensor del Pueblo y como persona que sufrió prisión en Carabanchel por su compromiso político”, indica en parte de la misiva.

 

Luego agrega que “la prisión de Carabanchel es un lugar especialmente significativo, como símbolo de la represión política. Estamos a tiempo de que los planes existentes para el solar sean compatibles con lo que aquí pedimos: memoria, homenaje, recuerdo…”.

 

En esa cárcel sufrieron años de reclusión Marcelino Camacho, fundador y líder carismático de al central sindical Comisiones Obreras, y Simón Sánchez Montero, estrecho colaborador de Santiago Carrillo en la modernización del histórico Partido Comunista Español (PCE).

 

Estos dos dirigentes fueron condenados por “asociación ilegal”, un delito que no existía en ningún código penal de Europa.

 

Peor suerte corrió el republicano Julián Grimau, miembro del Comité Central del PCE durante la Guerra Civil Española, quien al finalizar al contienda se exilió en República Dominicana y luego en Francia.

 

Tras ingresar de modo clandestino a España fue detenido, llevado a Carabanchel, torturado y arrojado por una ventana en un frustrado intento de asesinato extrajudicial. Como sobrevivió, un Consejo de Guerra lo condenó a muerte por “rebelión contra el régimen (…)”.

 

A pesar de la petición de clemencia de los gobernantes de Europa y del papa Juan XXIII (1881-1963) con manifestaciones multitudinarias de apoyo a la solicitud también en América Latina, Grimau fue fusilado en la madrugada del 20 de abril de 1963 en la galería de tiro de la prisión. La extinta cantautora chilena Violeta Parra le dedicó su canción “¿Qué dirá el santo Padre…?”.

 

Igual destino corrieron tres miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y dos del grupo vasco ETA. Vivieron sus últimas horas de capilla en Carabanchel y se enfrentaron al pelotón en un cuartel de las afueras de Madrid, cuando Franco agonizaba. Era el 27 de septiembre de 1975 y a la postre los últimos presos ejecutados de la dictadura.

 

Comenzada a construir en 1939 por presos políticos del bando republicano condenados a trabajos forzados, la cárcel fue inaugurada en 1944, destinada a los militantes que en la guerra habían combatido a Franco, a guerrilleros que huían por los montes de la represión –los “maquis” o “huidos”– y, sobre todo, a los activistas sindicales y políticos.

 

Las manifestaciones ante ella, estos días, tienen igual intensidad que el trabajo de la piqueta. La secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, presenta informes de arquitectos diciendo que el deterioro de su estructura impide mantenerla en pie.

 

Gallizo dijo a IPS que “esos terrenos llevan 10 años de abandono -la cárcel se cerró en 1998– y se habían convertido en un nido de suciedad y riesgos para las personas”. Reitera su compromiso de ubicar en la zona “un espacio dedicado a quienes cumplieron injustamente condena en ella”, puntualizó.

 

Conscientes de lo que la cárcel de Carabanchel significó en 30 años de lucha por la democracia, ex presos y otros muchos ciudadanos se aproximan a ella y recogen trozos de ladrillo y azulejos. Como el Muro de Berlín, es un símbolo de la democracia.

 

© “Todos los Derechos Reservados, IPS Inter Press Service, (2008)” ©El Bonsai

 

 

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