IRAQ-EEUU: Bush apuesta fuerte en sus últimas semanas

WASHINGTON, oct Análisis de Gareth Porter*

 (IPS) – La amenaza de retirar la asistencia económica y militar a Iraq si no acepta la inmunidad de los militares estadounidenses apostados en el país fue, para el gobierno de George W. Bush, una apuesta fortísima.

 

La mayoría de los políticos iraquíes se oponen tanto a legitimar formalmente la presencia militar de Estados Unidos en territorio de su país –y en particular de darles extraterritorialidad legal a esos soldados– que es improbable que incluso esa amenaza salve el pacto.

 

A la mayoría de los iraquíes, el pacto les recuerda demasiado al desigual acuerdo de seguridad que le atribuyó facultades excepcionales a Gran Bretaña en este país del Golfo Pérsico (o Arábigo) entre 1930 y 1958.

 

El paralelo histórico redunda en una sensación de dominio imperialista. A los dirigentes políticos y legisladores les resulta peligroso que se los perciba avalando un acuerdo que le conceda privilegios especiales a Estados Unidos.

 

El general Ray Odierno, comandante de las fuerzas de Estados Unidos en Iraq, advirtió a las autoridades en Bagdad que perderían 16.000 millones de dólares en asistencia económica, militar y de seguridad en caso de que el parlamento rechazara el acuerdo.

 

La noticia, publicada por la cadena estadounidense de diarios y publicaciones electrónicas McClatchy, dejó en evidencia la desesperación que se ha apoderado de Washington ante la resistencia iraquí al pacto.

 

La amenaza estaba contenida en un documento de tres páginas en que se enumeraban todos los proyectos de asistencia que Estados Unidos eliminaría de rechazarse el acuerdo, informó desde Bagdad la periodista Leila Fadel, de McClatchy.

 

El documento fue entregado la semana pasada a altos funcionarios iraquíes.

 

El diario USA Today informó luego que la lista incluye “decenas” de actividades, como el entrenamiento de las fuerzas de seguridad, las patrullas en las fronteras y cursos fluviales y el control de tráfico y la defensa aérea. Todo eso deberá interrumpirse sin una base legal para la presencia militar de Estados Unidos.

 

Sin embargo, ni la asistencia económica ni las ventas de armas requieren ningún acuerdo de ese tipo. La amenaza de frenar esa asistencia es un intento obvio por presionar a todo el sistema político iraquí con el fin de que acepte el pacto.

 

Evidentemente, la apuesta de Estados Unidos se basa sobre el supuesto de que a funcionarios y parlamentarios iraquíes los conmocionará la repentina pérdida de la ayuda de la que tanto dependieron. El vicepresidente iraquí Tariq al Hashimi dijo que el gobierno había sido tomados por sorpresa.

 

Pero en la actual atmósfera política, la amenaza estadounidense parece fortalecer la determinación del primer ministro Nouri al-Maliki a exigir cambios al “borrador final” del pacto, el cual el gobierno de Bush creía ya acordado a comienzos de mes. Washington se niega a enmendarlo.

 

Según el diario The Washington Post, los ministros iraquíes decidieron que el pacto debe ceder a las autoridades nacionales más autoridad legal sobre los soldados estadounidenses acusados de delitos.

 

El borrador actual limita la jurisdicción de la policía y de la justicia iraquí a delitos cometidos por militares estadounidenses fuera de las bases donde están apostados y que no estén cumpliendo misiones.

 

Pero Estados Unidos considera que ya cedió más autoridad a los tribunales iraquíes de la prevista en cualquier acuerdo anterior.

 

The Washington Post informó que el gobierno iraquí también procuraba confirmar para 2011 la retirada total de las tropas estadounidenses, así como prohibir explícitamente cualquier ataque contra países vecinos desde bases instaladas en su territorio.

 

Este reclamo responde a la operación comando estadounidense por la cual se aniquiló a ocho supuestos combatientes de la red extremista Al Qaeda en territorio sirio, lanzada desde Iraq el fin de semana pasado.

 

Quienes creen en la ineficacia de la táctica negociadora de Bush será ineficaz prevén que el gobierno esperarán al próximo periodo de gobierno estadounidense, posiblemente encabezado por el hoy opositor senador Barck Obama, que mantendría una postura menos agresiva.

 

El legislador chiita Ali al-Adeeb, allegado a Maliki, dijo la semana pasada que al primer ministro no lo intimidan las amenazas estadounidenses porque confía en que podrá negociar con un nuevo gobierno a partir del 20 de enero, cuando Bush se mudará de la Casa Blanca.

 

Pero más importante es la percepción del público iraquí sobre las similitudes entre el acuerdo propuesto y el desigual vínculo militar que unió al país con Gran Bretaña durante décadas.

 

Mientras preparan la campaña electoral del año próximo, los dirigentes políticos de Iraq temen que la firma de un documento como el propuesto por Estados Unidos les reste posibilidades.

 

Quien acepte el acuerdo “será considerado agente de Estados Unidos”, dijo el vicepresidente del partido chiita Consejo Islámico Supremo de Iraq, Jalal al Din al Sagheer.

 

Maliki y otros dirigentes de todos los partidos recuerdan muy bien el precio que pagaron sus antecesores que no cedieron a la presión nacionalista para revisar el tratado anglo-iraquí de 1930, que dio privilegios militares a la antigua metrópoli a cambio de una independencia limitada.

 

Cuando se revisó el tratado en 1948, con miras a extenderlo 20 años más, los británicos acordaron evacuar sus bases, pero se atribuyeron el derecho a regresar ante una eventual guerra.

 

El pacto desató protestas masivas en Bagdad. La policía mató a 400 personas en la represión. El primer ministro Salih Jaber se vio obligado a renunciar.

 

En 1955, ante la presión del entonces presidente estadounidense Dwight Eisenhower, el primer ministro Nuri al-Said accedió a ingresar en un acuerdo de defensa encabezado con Gran Bretaña e integrado también por Turquía, Irán y Pakistán, todos ellos enfrentados con la hoy disuelta Unión Soviética.

 

Tres añso después, militares nacionalistas dieron un golpe de Estado contra Al-Said, lo mataron y pusieron fin al régimen monárquico.

 

* Gareth Porter es historiador y experto en políticas de seguridad nacional de Estados Unidos. “Peligro de dominio: Desequilibrio de poder y el camino hacia la guerra en Vietnam”, su último libro, fue publicado en junio de 2005 y reeditado en 2006. (FIN/2008)

 

 

© “Todos los Derechos Reservados, IPS Inter Press Service, (2008)” ©El Bonsai

 

 

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