JUSTICIA-ARGENTINA: Adolescentes en tierra de nadie

BUENOS AIRES, nov Por Marcela Valente

 (IPS) – El asesinato de un hombre a manos al parecer de adolescentes catapultó en Argentina el debate entre partidarios de bajar la edad de imputabilidad a menos de 18 años y quienes procuran avanzar en un sistema de justicia juvenil que esté en línea con la Convención sobre los Derechos del Niño.

 

Los hechos de violencia en cuestión se registraron el 20 de este mes, cuando un grupo irrumpió en una vivienda de San Isidro, una localidad residencial del norte del área metropolitana de Buenos Aires. Tras robar dinero y otros bienes, los intrusos dispararon contra el dueño de casa, que murió en el lugar, y contra su hijo de 17 años, quien está hospitalizado.

 

Apenas trascendió que dos menores de 18 años habían sido detenidos acusados de la agresión fatal se desató la polémica, abonada además por otras irregularidades en el caso que investiga la justicia penal.

 

Daniel Scioli, gobernador de la oriental provincia de Buenos Aires, jurisdicción que incluye a San Isidro, consideró que había que dar un “debate profundo para bajar la edad de imputabilidad de los menores (de 18 años involucrados) en (los casos de) delitos graves”. Remarcó que otros países latinoamericanos, como Brasil, Ecuador, México, Uruguay y Paraguay, ya lo han hecho.

 

En rigor, en esos países y en casi la totalidad de América Latina existe la justicia juvenil que reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho con la obligación de brindarles un debido proceso, con derecho a la defensa, en caso de ser acusados de algún delito. Es un régimen específico, distinto totalmente del sistema penal para adultos.

 

En es marco se estableció una edad mínima a partir de la cual un niño puede ser punible, que en la región oscila entre 12 y 14 años. Pero la imputabilidad penal en esos países continúa siendo a partir de los 18 años.

 

En Argentina, en cambio, las personas son punibles a partir de los 16 años, pero muchos de los que llegan a proceso con esa edad o 17 años son derivados al régimen penal para mayores, un hecho contrario a la norma internacional, o sometidos a un sistema tutelar por el cual pueden pasar más tiempo encerrados por cuestiones asistenciales que por el delito del que se los acusa.

 

Es que en este país no existe ese régimen especial para menores de 18 años, que establece la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada en 1989 por la Organización de las Naciones Unidas y ratificada por Argentina. Aún rige un decreto emitido por la última dictadura (1976-1983), que se presta a arbitrariedades de los jueces.

 

Por eso los especialistas en minoridad y legisladores aconsejan sustituir lo más rápido posible esa norma obsoleta por un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil, que plantee, por ejemplo, alternativas al encierro, sentencias más cortas, acceso a la escolaridad y a la salud.

 

En diálogo con IPS, Gimol Pinto, experta en reforma legal y protección a la infancia del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), indicó que en la mayoría de los países de la región la edad mínima para que una persona sea sometida a la norma penal juvenil está entre 12 y 14 años, aunque, por tanto, no en el régimen de adultos.

 

Pinto añadió que en 2007, el Comité de los Derechos del Niño, un grupo de expertos internacionales que examina el cumplimiento de la Convención, consideró que los 12 años es una edad “muy baja” para ser pasibles de un proceso y que lo ideal sería ubicarla entre 14 y 16.

 

Actualmente en Argentina hay 14 proyectos de creación de regímenes de justicia juvenil que fijan en alrededor de 14 años la edad mínima para la responsabilidad de un menor. La Convención de la ONU considera niños a los menores de 18 años.

 

“Para dar cumplimiento a la Convención, está pendiente una reforma de la ley penal que debería discutir, más allá de la edad mínima, la necesidad de un sistema penal juvenil que considere a la privación de libertad como el último recurso y por el menor tiempo posible”, declaró Pinto.

 

A partir de denuncias de menores condenaos a reclusión perpetua, que llegaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, la Corte Suprema de Justicia de Argentina sentenció en 2005 que cuando un menor de 18 comete un delito grave se le debe aplicar la escala de tentativa prevista en el código penal, que prevé condenas más leves.

 

Pero legisladores y juristas reiteran que lo que se requiere es un régimen de justicia juvenil específico. Funcionarios allegados a Scioli aclararon que el gobernador se refería, precisamente, a esos sistemas para afrontar con mecanismos más adecuados los delitos en los que intervienen menores.

 

El jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salcedo, aseguró que en su distrito los jóvenes son protagonistas de alrededor de un millón de delitos por año, de los cuales se denuncian apenas entre 1.000 y 1.200 por mes.

 

Sin embargo, expertos en temas de infancia, juristas y activistas de la Iglesia Católica sostienen que la mayoría de los menores en conflicto con la ley no están involucrados en delitos graves, como homicidios o secuestros, y que en lugar de medidas penales hace falta una política social para reforzar sus lazos familiares y para que no abandonen la escuela.

 

El reclamo de “mano dura” contra menores, respaldado por miles de vecinos de San Isidro en una manifestación realizada este mes poco después del asesinato del día 20, fue considerado “un retroceso” por la directora del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Nora Schulman.

 

“Eso parece una respuesta espasmódica ante la presión social”, declaró Schulman a IPS. “Frente a la falta de políticas de seguridad, el hilo se corta por lo más delgado y lo más fácil parece ser encerrar a menores cada vez más chicos”, criticó. En su opinión, la demanda va en contra de algunos avances que se registraron a nivel nacional.

 

“En el gobierno nacional hay intencionalidad de reconocer el problema y para eso se acaba de hacer un diagnóstico”, destacó. Se refirió así al informe titulado “Adolescentes en el sistema penal”, que presentó este mismo mes el Ministerio de Desarrollo Social junto a Unicef.

 

Según ese informe, en 2007 sumaban 6.294 los niños, adolescentes y jóvenes infractores o presuntos infractores de la ley, 90 por ciento de ellos eran varones, 72 por ciento eran mayores de 16 años y 70 por ciento aparecían vinculados a delitos contra la propiedad, aunque en dos terceras partes de los casos fueron sin armas.

 

La investigación, que no habla de la edad de imputabilidad, también sostiene que “no era ni es imprescindible una reforma legal para acabar con las detenciones en comisarías, con el hacinamiento y el maltrato en instituciones, o el uso de medidas de restricción de libertad como el primero y no como el último de los recursos”.

 

Los autores del trabajo también recomendaron crear “un régimen penal específico” niños y para adolescentes, con programas alternativos, instituciones acordes a su edad y con el “compromiso de lograr que la medida de privación de libertad sea el último de los recursos y que se aplique por el menor tiempo posible”.

 

Esas recomendaciones están dentro del espíritu de la Convención sobre los Derechos del Niño que Argentina incorporó en 1994 a su Constitución. Y son medidas novedosas frente a la discrecionalidad que existe actualmente, que lleva a los menores de 18 años a depender de la buena voluntad de un juez cuando es sometido a proceso.

 

© “Todos los Derechos Reservados, IPS Inter Press Service, (2008)” ©El Bonsai

 

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