REPÚBLICA DOMINICANA: Aumenta la violencia contra haitianos

SANTO DOMINGO, 6 nov Por Valeria Vilardo

 (IPS) – Las violaciones de derechos humanos contra haitianos y sus descendientes se están agravando en República Dominicana, al tiempo que se intensifican las deportaciones masivas de inmigrantes hacia el país vecino.

 

En esta nación caribeña que comparte la isla de La Española con Haití se cometieron la semana pasada números actos de violencia contra haitianos, que provocaron la muerte de dos personas y dejaron varias viviendas incendiadas en dos municipios cercanos a la frontera: Neiba, en la sudoccidental provincia de Bahoruco, y Juan Gómez, en la norteña Montecristi.

 

En Neiba, un grupo de jóvenes mató a dos haitianos e hirió a otros nueve. La agresión se originó el martes 28, luego de que un haitiano no identificado asesinara supuestamente a un dominicano para robarle una motocicleta, según la policía.

 

Al día siguiente en el batey (campamento azucarero) de El Cerro, en Montecristi, 25 casas fueron incendiadas y ocho destruidas por completo, obligando a los 200 haitianos que vivían en ellas a escapar del lugar.

 

El incendio siguió a la muerte de Alcibíades Jiménez, de 80 años, por la cual fue acusado un haitiano de 25 años que trabajaba en la finca del muerto.

 

El presidente de la Cámara de Diputados de Haití, Pierre Eric Jean Jacques, anunció el sábado que propondría a su par dominicano, Julio Cesar Valentín, la creación de una comisión bilateral de legisladores para investigar los últimos hechos en los dos poblados.

 

“Un grupo de dominicanos vinieron con pistolas, machetes y cuchillos a vengarse de nosotros. Me rompí una pierna mientras trataba de escapar de mi casa que se estaba quemando. No es justo que tengamos que pagar todos los haitianos por culpa de uno”, dijo a IPS Elena Piti, madre de siete hijos, que vivía en El Cerro.

 

“Estoy pensando en volver a Haití porque tengo miedo de que me pase algo. Además, no tengo más nada aquí. Perdí todo, mi casa, mi dinero y mi trabajo”, explicó Franklin Jean, al que IPS encontró escondido en un refugio en los campos de Juan Gómez.

 

Centenas de haitianos, incluyendo niños y niñas, huyeron asustados y se refugiaron en cualquier sitio para evitar las agresiones. Las condiciones de los refugios son muy precarias: casuchas de zinc y madera sin electricidad, agua ni servicios higiénicos.

 

 

La violencia ha venido así a agravar la pobreza humana que ya afecta a muchos dominicanos y haitianos en las dos provincias.

 

Según cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en Montecristi 19 por ciento de las personas con más de 15 años son analfabetas, mientras la desnutrición afecta a casi cuatro por ciento de los menores de cinco años. Más de 51 por ciento de la población de esta provincia no tiene acceso a fuentes de agua limpia.

 

En Bahoruco, la probabilidad de morir antes de los 40 años es de 14 por ciento y el analfabetismo entre adultos asciende a 30 por ciento, superior al del resto de las provincias dominicanas.

 

Más de 29 por ciento de la población no tiene acceso a fuentes sostenibles de agua y 10 por ciento de niños y niñas menores de cinco años sufren desnutrición, indica el Informe de Desarrollo Humano – 2008.

 

“Los delincuentes aprovecharon para saquear sus viviendas y manifestar su actitud racista y xenófoba. Las autoridades pueden controlar a esos grupos de bandidos y sostener la seguridad ciudadana”, dijo a IPS la activista Sonia Pierre, directora y fundadora del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas.

 

Pierre, quien trabaja desde hace 21 años en la defensa de los derechos humanos de la población haitiana, ha sufrido en carne propia la discriminación y fue amenazada varias veces por sus declaraciones y denuncias.

 

Pierre sostuvo que los medios de comunicación dominicanos tienen el deber de dar una justa información de las acciones contra los haitianos y de evitar que se incentiven los actos discriminatorios contra la población haitiana o de descendencia haitiana.

 

Según datos no oficiales, en República Dominicana, de 8,5 millones de habitantes, residen más de 800.000 haitianos. Haití, que ocupa la porción occidental y más pequeña de esta isla caribeña, tiene una población de 8,3 millones de personas.

 

Noventa y cinco por ciento de los habitantes de Haití son negros y 80 por ciento viven en la pobreza. Mientras, 89 por ciento de los dominicanos son mestizos o blancos, y 25 por ciento viven en la pobreza.

 

El color de la piel constituye una motivación para discriminar, indica la Encuesta sobre Inmigrantes Haitianos en República Dominicana de 2004, elaborada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

 

Setenta y uno por ciento de los haitianos entrevistados afirmaron haber sido ofendidos por dominicanos debido a su origen y color de piel, tanto en el barrio como en su trabajo. “Haitiano del diablo”, “negro”, “brujo” y “fuera del país”, fueron los insultos y agresiones más mencionadas.

 

A diferencia de los años 80, cuando la inmigración haitiana estaba regulada por acuerdos intergubernamentales para satisfacer demanda de mano de obra en los cultivos de azúcar, ahora un número indefinido de ciudadanos del vecino país entra en República Dominicana de forma irregular y sin documentación que los acredite como extranjeros con permiso para trabajar.

 

Según datos levantados por la OIM, 41 por ciento de los haitianos trabajan en la agricultura, 38 por ciento en la construcción, ocho por ciento en la venta de diversos productos y casi seis por ciento en servicios a casas de familias dominicanas, como el trabajo doméstico.

 

“Las autoridades han perdido el control del ingreso de los inmigrantes. Por otra parte, el control interno es muy reducido, pues a pesar de las oleadas de repatriaciones que se realizan regularmente, esto no permite tener informaciones sobre el número y la ubicación de los haitianos en el país”, dijo a IPS Bridget Wooding, investigadora asociada en migración de Flacso.

 

El hecho de que no exista una regularización de los inmigrantes haitianos y de los dominicanos de descendencia haitiana constituye un grave obstáculo para que tengan acceso a la educación y a servicios de salud. Sin documentos es muy difícil que logren reconocimiento de sus derechos laborales, explicó.

 

La discriminación y la expulsión masiva de haitianos fueron las principales preocupaciones expresadas por Amnistía Internacional (AI) sobre República Dominicana en su informe de 2007.

 

En las expulsiones, que AI calificó de ilegales, se registraron malos tratos de funcionarios migratorios y fuerzas de seguridad apostadas en la frontera, según el informe.

 

Las deportaciones se están intensificando después de los actos de violencia en Neiba y Juan Gómez.

 

La Dirección General de Migración de República Dominicana aseveró que 406 indocumentados fueron repatriados la semana pasada. Las cifras oficiales revelan que cada año son deportados entre 20.000 y 30.000 haitianos.

 

“La estrategia de la deportación es una herramienta injustificada”, subrayó Wooding.

 

“Es crucial que el gobierno dominicano cree un clima donde haya seguridad ciudadana y asegurar que los inmigrantes tengan derecho a permanecer en el país”, añadió.

 

Es frecuente la explotación de haitianos en fincas y empresas de construcción.

 

El 11 de enero de 2006 se hallaron los cuerpos de 24 personas cerca de la zona fronteriza de Dajabón, en el norte del país. Al parecer, habían muerto asfixiadas cuando viajaban escondidas en un camión cerrado en busca de trabajo en República Dominicana. Según los informes, los cuerpos fueron arrojados desde la caja del vehículo, que transportaba a más de 60 haitianos.

 

El domingo, las autoridades migratorias anunciaron que impondrían multas a dueños de fincas y obras en construcción que empleen haitianos indocumentados, les paguen salarios abusivos o los sometan a malos tratos

 

© “Todos los Derechos Reservados, IPS Inter Press Service, (2008)” ©El Bonsai

 

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