REFLEXIÓN SOBRE EL ABORTO por Rafael Costa

 Tenerife: 08 11 08. El Bonsái: A finales de los años 50, siendo yo estudiante de 5º de bachiller, teníamos una asignatura, por supuesto obligatoria, que se denominaba “La Moral Cristiana”. Entre las enseñanzas que nos impartía nuestro profesor, un clérigo muy conservador, nos explicaba las condiciones que debería cumplir un ser humano para ser considerado persona, y entonces nos decía, que un niño que naciera sin ninguno de los cinco sentidos, nunca llegaría a poder ser considerado una persona, a pesar de su apariencia plenamente humana.

 

      La disquisición filosófico religiosa, de si existe el alma o no, es más por considerar si se trata de un ente que no muere o se trata de algo finito, ya que si llamamos alma a la capacidad del ser humano de raciocinio, posibilidad de ejercer la libertad y capacidad de amar, muy pocos estarían en desacuerdo. Lo que científicamente se una evidencia, es que todas estás capacidades del ser humano residen en el cerebro y que un mal funcionamiento o un traumatismo en este órgano puede provocar una disfunción parcial o total de estas actividades vitales, que nos confieren la capacidad de personas, es decir de seres humanos.

 

      Los científicos fijan aproximadamente el momento en el que en un feto comienza a haber actividad cerebral y en función de este dato, es cuando una ley de interrupción del embarazo de plazos, garantizaría que nunca se realizara éste cuando  el feto haya desarrollado esta cualidad. Es decir un feto en el que no haya un mínimo de cerebro funcionando, tiene menos autonomía y hasta menos categoría, no solo humana, sino ni siquiera animal que una hormiga adulta.

 

      Es una falacia decir que hay quienes defienden el aborto. Nadie defiende el aborto, y menos las mujeres que son las únicas que por su naturaleza tiene la capacidad de abortar y las que sufren sus consecuencias psíquicas y físicas. Otra cosa es despenalizar el aborto. Los mal llamados antiabortistas pretenden criminalizar a las mujeres que abortan y para ello acuden a todo tipo de argucias, representando a supuestos fetos poco menos que con una carrera superior terminada, pero científicamente sabemos ya, que esto no es así.

 

     La Iglesia Católica, o mejor dicho su jerarquía, arremete contra la despenalización del aborto, cómo si se tratara de un crimen de lesa humanidad, mientras no lucha con la misma radicalidad y energía contra los millones de muertos por hambre y guerras que son la plaga de nuestro tiempo. ¿Por qué será? ¿No será quizás, porque para acabar con este estado de cosas habría que enfrentarse a los poderosos y muy especialmente con los más ricos, que son los que gobiernan el mundo?

 

     Hay que reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre su propia salud sexual y reproductiva. Todo lo más, ya que en las relaciones hombres, mujeres, se reivindica de los hombres el acompañamiento de sus compañeras en sus embarazos, sería recomendable tener en cuenta la opinión del varón a la hora de decidir un aborto. En todos los casos, estamos convencidos, que la última palabra debe ser la de las mujeres, ya que por su naturaleza, el feto es una parte de su propio cuerpo, nos guste o no. Mucho más cuando hay que elegir entre la vida del que ha de venir y el de la propia mujer, en cuyo caso, ni siquiera una ley de plazos nos serviría.

 

     Creemos por tanto, que es necesario en nuestro país un nuevo proyecto de ley que reforme la legislación vigente sobre la interrupción voluntaria del embarazo, para que sea tratada en un ámbito sanitario y no en el judicial. Es urgente ya, que el aborto salga del código penal.

 

     Para que esta práctica no suponga una discriminación de nuevo entre los ricos y los más pobres, habría que garantizar la posibilidad de abortar gratuitamente en un centro sanitario público de la comunidad autónoma en la que se resida. Si se tiene que respetar el derecho de los médicos a la objeción de conciencia, el Estado debe regularla para garantizar la prestación del servicio. En un sistema público no debería haber objetores, pero si los hubiera, el Estado tiene la obligación de asegurar –cómo hace con los servicios mínimos en el caso de huelga-, el cumplimiento de la ley.

 

 

    

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