DDHH-PERÚ: Veinticinco años de prisión para Fujimori – Por Ángel Páez

LIMA, 7 abr (IPS) – En forma unánime, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de Perú sentenció al ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) a 25 años de prisión por los asesinatos de 25 personas y el secuestro agravado de otras dos, cometidos por agentes de inteligencia militar en 1991 y 1992.

El ex mandatario, condenado como autor mediato, debería permanecer recluido hasta el 10 de febrero de 2032, cuando tendría casi 95 años, pues debe descontarse el tiempo que ya estuvo encarcelado desde su aprehensión en Chile, en noviembre de 2005, cuando la justicia de Perú lo solicitó en extradición.

Es el primer ex presidente de este país condenado por crímenes contra la humanidad.

La sentencia fue leída por el presidente del tribunal, César San Martín, en una sala del cuartel policial de la Dirección de Operaciones Especiales, ubicado en el distrito de Ate Vitarte, este de Lima, donde sesionaron los magistrados y está recluido Fujimori. El juicio comenzó el 10 de diciembre de 2007.

Los jueces concluyeron que el ex jefe de Estado encabezó un aparato clandestino, ejecutor de una política contrainsurgente diseñada y aprobada por él, y que incluyó asesinatos selectivos de supuestos miembros de las guerrillas que actuaban durante el conflicto interno (1980-2000): el maoísta Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

“Se le impone la máxima pena autorizada por la ley, más aun si no existen atenuantes”, dijo San Martín, quien precisó que los delitos por los que Fujimori fue condenado son homicidio, secuestro agravado y tortura.

La fiscalía había solicitado un castigo de 30 años de reclusión, incluyendo en la acusación la figura de la desaparición forzada que, señalaron los magistrados, no estaba vigente cuando se cometieron los crímenes.

En su fallo, el tribunal indicó que el reo cometió crímenes de Estado con alevosía y que “autorizó, dirigió y controló” el aparato ejecutor de los asesinatos de 15 habitantes de la zona limeña de Barrios Altos, en noviembre de 1991, y de nueve estudiantes y un profesor de la capitalina Universidad de La Cantuta, perpetrados por agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).

El tribunal resaltó que el ex mandatario encabezó un aparato de poder clandestino dentro del Estado, con la complicidad de su entonces asesor personal, Vladimiro Montesinos, a quien invistió de poderes extraordinarios para controlar el Servicio de Inteligencia Nacional y las Fuerzas Armadas.

A través de esos organismos, el escuadrón de la muerte conocido como Grupo Colina, y conformado por agentes del SIE, recibió el mandato para perpetrar acciones de “guerra sucia” contra supuestos insurgentes.

Las autoridades judiciales acreditaron que en 1991, Fujimori autorizó la conformación de un grupo de estudios integrado por oficiales del SIE, para elaborar una nueva estrategia contrainsurgente que incluyó el asesinato selectivo.

Por mandato de Fujimori, estampado en dos memorandos dirigidos al Ministerio de Defensa, varios de esos oficiales fueron ascendidos “por haber participado en operaciones especiales de inteligencia”, en junio de 1991.

En agosto del mismo año, estos oficiales y agentes crearon el Grupo Colina. La primera masacre que perpetraron fue la de Barrios Altos, el 3 de noviembre de 1991. El siguiente operativo, contra un profesor y nueves estudiantes de La Cantuta, se ejecutó el 18 de julio de 1992.

Cuando se perpetraron las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, “el acusado guardó estudiado silencio” y “protegió sistemáticamente a Montesinos” de las acciones de la justicia, afirma la sentencia.

Cuando una comisión parlamentaria que investigaba al Grupo Colina señaló la responsabilidad de Montesinos y del entonces jefe del ejército Nicolás Hermoza y solicitó al Poder Ejecutivo la remoción de ambos funcionarios, Fujimori la rechazó y respaldó a los señalados, describió el fallo.

Los fundamentos de la condena sostienen que el ex presidente movilizó al Poder Judicial, al Congreso legislativo, a las Fuerzas Armadas y a la policía, “coordinadamente, con la expresa finalidad de mantener en la impunidad los crímenes de los aparatos de inteligencia”.

Los casos de Barrios Altos y La Cantuta no fueron hechos aislados, señala el fallo, pues la documentación y los testimonios presentados en el proceso confirman que los autores contaban con autorización de sus superiores.

“Los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta fueron parte de un patrón sistemático, y los que cometían los asesinatos daban parte de sus actos a sus superiores”, afirma el texto.

La sentencia también señaló culpable a Fujimori del secuestro agravado del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, detenidos por militares que los confinaron en los calabozos del SIE en la jornada del 5 de abril de 1992, cuando el presidente ejecutó su llamado “autogolpe” de Estado, al disolver el parlamento, suspender la vigencia de la Constitución e intervenir el Poder Judicial.

El tribunal halló que los delitos de los que se acusaba a Fujimori fueron completamente acreditados, “más allá de toda duda razonable”, y que éstos, de acuerdo con la jurisprudencia internacional, son crímenes contra la humanidad.

“Por su posición, por su capacidad de tomar decisiones, por sus acciones de protección a los responsables y por su ataque a los denunciantes de los hechos, estos hechos apuntan derechamente la responsabilidad del acusado Fujimori”, señaló el tribunal.

Los magistrados rechazaron la pretensión de la defensa, que quiso comparar este proceso con los juicios por las masacres de Accomarca (1985) y Cayara (1988), cometidas por patrullas del ejército, cuyos fallos eximieron de responsabilidad a quienes ejercían en cada caso la Presidencia de la República, Fernando Belaúnde (1980-1985) y Alan García (1985-1990).

Los hechos de Accomarca y Cayara fueron atribuidos a los jefes militares de la sureña región de Ayacucho, que aprobaron esos operativos y luego encubrieron a sus autores materiales.

Se trató, en esos casos, de miembros de patrullas militares, y no de agentes de un aparato clandestino, manejado por el jefe de Estado, como expusieron las pruebas de Barrios Altos y La Cantuta.

“No son hechos vinculables, porque ambos gobiernos no fueron gobiernos de excepción”, señaló el tribunal. Además, bajo el mandato de Fujimori, “se practicó el encubrimiento de los hechos criminales para impedir la sanción a los responsables”, agregó.

Al iniciarse la lectura de la sentencia, los familiares de las víctimas se arrodillaron y comenzaron a rezar, entre lágrimas y sollozos.

Uno de los momentos más destacados de esta jornada se produjo cuando el tribunal señaló que los asesinados de Barrios Altos y La Cantuta “nunca pertenecieron ni estuvieron relacionados con la organización criminal Sendero Luminoso”, desmintiendo un argumento de la defensa.

“Ahora puedo hacer frente a quienes acusaban a mi hijo de haber sido terrorista, porque el tribunal ha dicho que ninguna de las víctimas era militante o simpatizante de Sendero”, dijo a IPS Raida Cóndor, madre de Armando Amaro, uno de los estudiantes de La Cantuta asesinados. “No solo es un acto de justicia, sino también la aclaración de que nuestros familiares nunca fueron terroristas”, agregó.

Para Gisela Ortiz, hermana de otro de los fallecidos de La Cantuta, Luis Enrique Ortiz, y una de las más pertinaces luchadoras contra la impunidad, “éste es el resultado de 17 años de permanente búsqueda de la verdad, de la justicia, para que los actos criminales del Estado, encarnados en Alberto Fujimori, no queden impunes y para que no se repitan”, dijo a IPS.

La hija de Fujimori, la legisladora Keiko Fujimori, expresó al término del juicio su “rechazo absoluto” a la condena y dijo que encabezará “movilizaciones en todo el país” para expresar su repudio. “El fujimorismo está número uno en las encuestas, el pueblo nos da su confianza”, aseveró.

En diferentes sondeos de opinión, Keiko Fujimori aparece primera en las preferencias manifestadas por encuestados ante la pregunta de por quién votarían si las elecciones presidenciales fueran hoy.

Los fiscales Edmundo Peláez y Avelino Guillén manifestaron su conformidad con la sentencia, mientras la defensa del reo presentó un recurso de nulidad.

La Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia revisará el pedido y tiene un plazo de cuatro meses para pronunciarse.

Pero el abogado de las víctimas, Carlos Rivera, del no gubernamental Instituto de Defensa Legal, dijo a IPS que “la próxima instancia podría resolver en un mes, porque la sentencia está suficientemente sustentada”.

© “Todos los Derechos Reservados, IPS Inter Press Service, (2008)” ©El Bonsai

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