DDHH-EEUU: Un poder judicial clase B Por William Fisher

LA_POL~1NUEVA YORK, 10 nov (IPS) – Activistas de derechos humanos y juristas cuestionan la enmienda, y abrogada por el gobierno de Estados Unidos, de la Ley de Comisiones Militares que durante la presidencia de George W. Bush habilitó las cortes marciales contra supuestos terroristas.

Según los críticos, la revisión era innecesaria. La nueva ley, dicen, determinará nuevos retrasos en los procesos y creará un “sistema de justicia de segunda clase”.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), la más antigua de las organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos, pidió al gobierno de Barack Obama “abandonar el sistema de comisiones militares, fatalmente sesgado”.

Las comisiones militares son cortes marciales instaladas en la base naval estadounidense en el enclave de Guantánamo, Cuba, donde han sido conducidos la mayoría de los acusados detenidos en el marco de la “guerra contra el terrorismo” declarada por Bush en septiembre de 2001.

La ACLU también recomendó que, “cuando la evidencia de crímenes terroristas existan” se juzgue “a los detenidos en Guantánamo en tribunales federales”.

El no gubernamental Centro para los Derechos Constitucionales, docenas de cuyos abogados defienden a prisioneros en Guantánamo, consideró en una declaración que “el uso de comisiones militares sólo conducirá a más retrasos en los procesos”.

“Cualquier nuevo sistema” que repita el recurso de las cortes marciales determinará “crecientes dolores y errores, así como años de apelaciones para aventar las incertidumbres legales creadas hoy”, agregó la institución.

“Aspectos fundamentales del sistema, como quién puede ser juzgado por las comisiones, siguen siendo vagos”, consideró el Centro.

La organización agregó que la nueva norma “incluye la ‘conspiración’ y el ‘apoyo material’ (al terrorismo) como crímenes de guerra, lo cual contradice la anterior posición del gobierno de Obama” de rechazar la posibilidad de que esos delitos sean juzgados por las comisiones militares.

El presidente Obama sancionó la revisión la semana pasada, como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional.

Otros expertos y activistas cuestionan la norma, pero notan ciertas mejoras.

El coronel David Frakt, oficial de la Fuerza Aérea y defensores de prisioneros de la “guerra contra el terrorismo”, consideró que la ley original era “un error catastrófico”.

Frakt defendió a un joven preso en Guantánamo, Mohammed Jawad, liberado el pasado verano boreal y enviado a su hogar en Afganistán años después de su arresto. El militar y abogado convenció a un juez militar de que su confesión había sido arrancada mediante coerción.

“Las nuevas comisiones militares son una mejora significativa, al menos en el papel. La revisión de fallos y el establecimiento de criterios de admisibilidad de declaraciones voluntarias son dos de los avances más importantes”, dijo a IPS el jurista, de vuelta en su cátedra de Derecho en la Universidad de Western State, en California.

Pero “las comisiones están aún fundamentalmente sesgadas en varios aspectos”, acotó.

Frakt observó que no hay obligación de investigación previa al juicio, como una audiencia preliminar o gran jurado, y que las declaraciones arrancadas mediante coerción aún son admitidas como evidencia.

También cuestionó el hecho de que menores de edad aún puedan ser juzgados por las comisiones militares.

La nueva ley “todavía autoriza el juzgamiento de detenidos por una variedad de delitos que no son crímenes de guerra tradicionales, entre ellos apoyo material al terrorismo, terrorismo, conspiración y la tipificación inventada de ‘asesinato en violación de la ley de guerra’”, añadió.

Las comisiones militares, dijo Frakt a IPS, son “totalmente innecesarias”.

“Ahora que las reglas sobre evidencias en las comisiones militares se atenuaron para parecerse más a las reglas de los tribunales federales, la razón real para su creación –lograr condenas fáciles con pruebas contaminadas– quedó removida. Pero la contaminación del proceso original persiste”, indicó.

“El criterio para determinar qué casos van a las comisiones militares y cuáles a los tribunales federales no tiene sentido”, sostuvo. “Básicamente, los casos irán a la justicia civil si el Departamento de Justicia (fiscalía general de Estados Unidos, de rango ministerial) quiere y cree que puede acusar con éxito, y los restantes irán a las comisiones.”

“Ésa es otra prueba de que las comisiones son una opción de segunda clase”, advirtió el jurista.

Una cláusula del proyecto, propuesta por el senador Linsey Graham, del opositor Partido Republicano, podría haber bloqueado la transferencia a la justicia civil de los sospechosos de los atentados del 9 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington. Pero fue rechazada por 54 votos a 45 en el Senado.

Ésa fue “una gran victoria”, dijo a IPS Christopher Anders, uno de los encargados de las relaciones de la ACLU con el Congreso legislativo.

“Por suerte, el Senado tomó la decisión correcta al no atar las manos del presidente cuando se trata de acusar a los detenidos en la justicia federal, lo cual retrasaría su procesamiento” y sus penurias, consideró.

Las autoridades de Estados Unidos juzgaron con éxito a casi 200 acusados de terrorismo en tribunales federales desde los atentados de 2001, recordó. “El sistema de justicia estadounidense funciona, y no hay razones para no usarlo”, indicó Anders.

En las comisiones militares, creadas por Bush luego de los atentados y luego avaladas por el Congreso, se procesaron, en contraste, apenas tres casos.

Pero no faltan las críticas a las nuevas comisiones militares. El jurista Francis Boyle, de la Universidad de Illinois, dijo a IPS que su propio funcionamiento equivale a cometer crímenes de guerra “de acuerdo con la cuarta Convención de Ginebra de 1949 e incluso el propio Manual de Campo del ejército estadounidense”.

“Decir que los tribunales regulares son para delitos regulares y que las comisiones militares son para crímenes de guerra es una mentira”, opinó, en diálogo con IPS, Gabor Rona, director de asuntos de derecho internacional de la organización de derechos humanos Human Rights First.

“Si esto fuera verdad, ¿por qué tenemos un Estatuto de Crímenes de Guerra que les asigna como jurisdicción nuestros tribunales federales?”, se preguntó.

“Me choca particularmente que” los asesores de Obama “reconozcan la limitación histórica para el uso de las comisiones militares, es decir, situaciones de ‘necesidad militar’”, como “situaciones de ocupación, en las que los mecanismos habituales de justicia no están operativos”, explicó.

“Pero a pesar de reconocer el éxito de las acusaciones de tribunales federales contra el terrorismo”, los asesores fijaron “una serie de consideraciones para decidir si se envía un caso a una comisión militar sin advertir que los tribunales federales están abiertos y funcionando”, sostuvo Rona.

Para el director ejecutivo del Centro para los Derechos Constitucionales, Vincent Warren, “ahora hay comisiones militares del presidente Obama: él las posee y también posee todos los problemas que vienen con ellas”, con lo cual “dañará su legado y alentará a los críticos” de Estados Unidos “en el mundo”.

El gobierno anunciará el día 16 sus planes de acusar a varios detenidos en Guantánamo, sea en tribunales federales o en las comisiones militares instaladas en esa base naval.

Medios de prensa informaron que supuestos planificadores de los atentados de 2001 serían enviados a tribunales penales donde los acusará el Departamento de Justicia.

© “Todos los Derechos Reservados, IPS Inter Press Service, (2009)”
©El Bonsái 2009

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